Ex adjudicatarios de la Granja La Amalia demandaron por daños y perjuicios a la Municipalidad de San Luis
La denuncia fue realizada a principio de este año y piden que al menos le entreguen el dinero a capital actualizado.
“Nosotros iniciamos este año una demanda de daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra la Municipalidad sin perjuicio de la acción de amparo que sigue tramitando. Creemos que se le ha generado un perjuicio a todos los vecinos por el solo hecho de no poder empezar a construir una casa dentro de los terrenos que ya se había adjudicado”, explicó Agustina Tobares una de las abogadas de los ex adjudicatarios de la Granja Amalia.
En declaraciones a Radio Universidad sostuvo que exigen “el cumplimiento del contrato que decía que se le adjudicaba un terreno, a cada uno individualizados con planos”.
“Muchos de los ex beneficiarios fueron a limpiar estos terrenos, de hecho, había construcciones de cordones cunetas, cloacas, que quedó constatado también en la acción de amparo”, explicó la letrada.
En el mismo punto, recordó que en la gestión de Enrique Ponce se realizó el convenio y que el actual intendente Sergio Tamayo revocó el decreto.
“Eran 500 adjudicatarios en su momento, 70 personas decidieron iniciar la acción de amparo y a las que no se les devolvió el dinero a capital histórico no actualizado”, subrayó.
Y añadió: “Creemos que existe un perjuicio por eso iniciamos esta segunda demanda, justamente para solicitar que si no se puede entregar el terreno que es lo que desean todos los vecinos, que sea un dinero a capital actualizado”.
Por su parte, el abogado Esteban Brada reveló que “ante esta acción el paso que sigue es el traslado de la demanda a la Municipalidad de San Luis”.
En este contexto, destacó que han mantenido diálogo con el intendente electo, Gastón Hissa: “Seguramente que cuando asuma se va a solucionar porque como planteamos en la acción de amparo y en esta demanda el decreto N° 585 que le da de baja al plan ‘Tu techo, tu tierra’, es abiertamente inconstitucional, porque deroga una ordenanza del Concejo Deliberante que lo declara utilidad pública las tierras y da el objeto es la urbanización. Es muy grave y atenta contra el estado de derecho”.